El movimiento del gobierno nigeriano de imponer un estado de emergencia en el estado de Rivers ha provocado una fuerte oposición por parte de grupos de la sociedad civil y organizaciones políticas. El Centro de Defensa Legislativa de la Sociedad Civil (CISLAC) y la Coalición de Partidos Políticos Unidos (CUPP) han condenado la decisión, calificándola de inconstitucional y políticamente motivada. Los críticos argumentan que la medida amenaza la democracia y podría ser utilizada para suprimir la oposición en el estado. Han instado a la Asamblea Nacional y al Foro de Gobernadores de Nigeria a rechazar la propuesta. La controversia destaca las crecientes tensiones políticas en la región y las preocupaciones sobre la intromisión federal.
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